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El Fiscal Negociante

En casi tres años que fungió como Fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, (diciembre de 2015 a abril de 2018) no resolvió la crisis de inseguridad e injusticia que vive el estado, pero sí aprovechó su cargo para llevar casos a su despacho de abogados “Olea&Olea” y cobrar jugosas ganancias a víctimas y acusados que eran presionados u obligados para contratar los servicios de su despacho o de lo contrario enfrentaban acusaciones, juicios largos y hasta casos frabricados.

Mediante una estrategia coordinada entre la Fiscalía guerrerense y el despacho particular del Fiscal, los asuntos “importantes” eran llevados por su hijo Xavier Olea Trueheart u otros abogados de la firma, a la que eran enviados tanto víctimas como acusados para que los representara y les ofreciera “soluciones” a sus casos a cambio de altas tarifas económicas, mientras la Fiscalía manipulaba investigaciones y expedientes para que siempre ganara el despacho Olea.

Denuncias de víctimas contra el ex fiscal que ha gozado de impunidad desde hace cuatro meses que dejó el cargo, han hecho que el gobierno de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo, comience a armar expedientes sobre distintos casos donde Olea Peláez pudo incurrir en delitos como tráfico de influencias, contra la administración de la justicia y violaciones graves a procedimientos judiciales y a los derechos de las víctimas, entre otros.

Hay casos graves como el de las dos mujeres colombianas, Zaira Tatiana García Guzmán y su prima Dayana Sánchez García, accidentadas el 27 de febrero pasado a bordo de un Ferrari 458 Spider placas PYU5755, en la Autopista del Sol, y que sufrieron quemaduras que luego les costaron la vida. Extrañamente el fiscal Olea nunca investigó al conductor del vehículo –a pesar de versiones de que lo dejaron escapar el día del accidente– y más bien la Fiscalía de Guerrero se apresuró a lograr un acuerdo reparatorio entre las madres de las víctimas y el conductor Iván Bernardo Loria de la Borbolla por 3 millones de pesos.

Sin embargo, Cristian Camilo García Monroy, esposo de Zaira Tatiana, reclamó omisiones e irregularidades cometidas por la Fiscalía y el 25 de abril puso una denuncia ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en Chilpancingo, donde el viudo de la colombiana exigió la reparación del daño o, en su caso, ejercer la acción penal por homicidio culposo contra Loria de la Borbolla, quien conducía ese 27 de febrero el Ferrari incendiado y que nunca fue detenido.

Otro caso que evidencia el modus operandi del ex fiscal guerrerense fue el de Eduardo Cepeda Fernández y Miguel Barbosa Machado, acusados desde 2016 por fraude en agravio a BVG World SA, por 2 mil millones de pesos. La Fiscalía de Olea evitó por dos años ejercer la acción penal y contuvo la orden de aprehensión librada contra Cepeda y Barbosa que, casualmente, eran defendidos por  “Olea & Olea Abogados”, personalmente por el hijo del fiscal, Olea Trueheart. No fue hasta la salida de Olea Peláez, el 21 de junio pasado, cuando se reactivó el caso y el juzgado penal que libró orden de aprehensión para que de imediato la Fiscalía pidiera el desistimiento de la acción penal contra los inculpados, cerrando así el negocio de los Olea.

Un caso más fue el de una presunta violación ocurrido en febrero en Acapulco contra una mujer originaria de Irlanda, consignado en la carpeta judicial C-21/2018, en contra de un empresario de nombre Luis Eduardo Quiroz Molinar, contra quien el 03 de febrero se ejercitó orden de aprehensión cuando salía en su BMW de Acapulco. Los abogados que defendieron a la extranjera y que le pidieron no dar parte a la Embajada de Irlanda, fueron Raúl Cid Osorio y Salvador Bustamante Polanco, ambos del despacho “Olea & Olea”.

También están los casos donde Xavier Olea criminalizó como si fuera Juez de la Causa, a la youtuber Pamela Montenegro, “la Nana Pelucas”, asesinada el 06 de febrero, de quien dijo fue asesinada “por divulgar información privilegiada de grupos delictivos” en Acapulco, o el de los dos sacerdotes acribillados en Taxco el 5 de febrero, Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes, a quienes Olea, también sin pruebas, los vinculó diversos grupos delictivos, y hasta dijo que uno de ellos “bebió en la fiesta y probablemente consumió drogas” además de tener fotos con gente armada en su cuenta de Facebook.

Hoy todas esas víctimas criminalizadas y esos presuntos culpables protegidos y encubiertos por el ex fiscal, a cambio de pagarle a su despacho de abogados, podrían ser parte de una investigación que ya se tardó contra el “fiscal negociante” que tuvo Guerrero y quien hoy goza de impunidad.

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